ImPact
Guía de implementación y monitorización de políticas de PHS

Reducciones de precios para usuarios

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Este tipo de intervención podría implementarse con varias medidas. Un primer conjunto de medidas se basa en mecanismos de reducción directa del precio para disminuir el valor a primera vista del servicio. Por lo tanto, el precio establecido por proveedores de servicio, que cubre todos sus costes, no es el precio que pagan realmente los usuarios que utilizan la ayuda a la demanda. Estas medidas, al estar regidas por el consumidor, tienen la ventaja de no interferir con el modo en que se estructura la oferta y refuerzan la competencia entre los proveedores de servicios. Además, la ayuda a la demanda puede fijarse (mediante subsidios de tarifa plana) o ajustarse a los ingresos y las necesidades de los usuarios a fin de mejorar la equidad en el acceso a dichos servicios. Se ofrecen distintos instrumentos.

  • Deducción de impuestos. Es importante señalar que con las deducciones de impuestos el usuario debe pagar por adelantado el precio total de los PHS. Esto puede tener dos implicaciones:
    • La ventaja económica es menos tangible para posibles usuarios y, por lo tanto, menos atractiva,
    • Puede disuadir a las personas con pocos ingresos o que no pagan impuestos. En función de la naturaleza de la deducción de impuestos, incluso puede tener un beneficio proporcional a los ingresos del hogar. Sin embargo, la naturaleza antirredistributiva de la ventaja impositiva puede dominarse introduciendo un crédito fiscal en efectivo para la gente con cero impuestos o impuestos demasiado bajos para beneficiarse plenamente de la ventaja impositiva.

Otra dificultad a la que se enfrenta la gente con pocos ingresos es la posible limitación de liquidez cuando los hogares con pocos ingresos no reciben subsidios por PHS previamente. Por último, hay que tener muy en cuenta los “efectos de carga” (que vienen del hecho de que algunos disfrutarían de ventajas impositivas aunque hayan comprado PHS de cualquier modo, independientemente de las deducciones fiscales). En ese sentido, es importante comunicar y reflejar el valor de los techos (por ejemplo, la cantidad máxima de PHS comprados para los que se aplicarán deducciones fiscales).

  • La introducción de un sistema de pago directo para garantizar poder recibir ayuda de oferta o demanda (en concreto los desplazamientos fiscales) por adelantado o en el momento de la compra.
  • Subsidios sociales aplicados principalmente en el marco de políticas de atención social. Su eficacia está íntimamente ligada al nivel de restricción de qué puede comprarse o a quién puede contratarse. Pueden facilitarse mediante un pago en efectivo al beneficiario, la distribución de cupones sociales para acceder a PHS o la atribución de un “paquete de horas” de PHS.
  • Ayuda financiera de empleadores de usuarios. Una medida (como la deducción fiscal para empleadores, reducción de las cotizaciones sociales y distribución de cupones de servicios, entre otros) podría facilitar el acceso a PHS como resultado de la ayuda financiera de los empleadores de usuarios. Así pues, puede contribuir a desarrollar el sector de PHS y, al mismo tiempo, reducir su carga en los presupuestos públicos. Este mecanismo de financiación innovador, que también puede combinar varias fuentes de financiación de los sectores públicos y privados, es especialmente interesante en el clima actual de austeridad económica.

En Francia y Reino Unido, a través del cupón CESU prefinanciado por RH y el cupón Childcare respectivamente, los empleadores pueden conceder a sus empleados un bono no monetario o un sacrificio salarial que les da acceso a PHS (restringido a los servicios de cuidado de niños en Reino Unido). En ambos casos, los empleadores se benefician de reducciones fiscales y exenciones en la seguridad social.

Además de los instrumentos directos de reducción del precio para el usuario, puede utilizarse otro instrumento para disminuir el precio de los servicios de forma indirecta:

  • Apertura/fomento de la competencia en el mercado y gestión de la pluralidad de proveedores (públicos, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro). Si hay disponible una variedad de proveedores, puede conseguirse una demanda amplia de servicios. Hay que señalar que la coexistencia de varios tipos de proveedores (públicos, con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro) puede alentarse de varios modos, incluidas las facilidades de crédito para asociaciones y pueden harmonizarse niveles fiscales para todos los proveedores.

 

Cuadro 1. Medidas de deducciones fiscales en Finlandia, Francia y Suecia

Finlandia: el crédito fiscal “kotitalousvähennys” para la ayuda doméstica concede a los usuarios una deducción fiscal/crédito hasta 2 400 € al año por persona (4 800 €) para gastos de más de 100 € en la compra de servicios para el hogar (es decir, limpieza, jardinería, reparaciones del hogar y renovaciones, instalación y mantenimiento de tecnología informática de soporte y telecomunicaciones en el hogar) y en servicios de cuidado para un anciano o un niño del hogar. La medida cubre o bien el 45 % de los gastos cuando se compran servicios de una organización o bien el 15 % del salario y el 100 % de las cotizaciones sociales del empleador cuando los usuarios emplean directamente al trabajador. Solo pueden optar los usuarios que aún no hayan recibido ayudas mediante políticas de cuidado.

Francia: Los usuarios de PHS tienen derecho a una deducción fiscal o a un crédito fiscal cuando empleen a un trabajador de PHS o compren servicios de un proveedor aprobado. Los incentivos fiscales ascienden al 50 % del coste hasta un techo de 12 000 € por unidad familiar a efectos fiscales, lo que se traduce en un crédito real de 6 000 €. El techo se eleva a 1 500 € (hasta un máximo de 15 000 €) por niño dependiente y miembro del hogar de más de 65 años. Si un miembro del hogar tiene una carné de discapacidad, el techo alcanza los 20 000 €.

Suecia: el RUT-avdrag (deducción fiscal para trabajo de servicio doméstico) asciende al 50 % de los costes laborales hasta un umbral máximo de aproximadamente 50 000 SEK (5 450 €), que equivale a una reducción fiscal máxima de 25 000 SEK (2 715 €) para cada persona en un año. Las personas de más de 65 años disfrutan de un umbral superior de 100 000 SEK (10 900 €). Suecia tiene la característica especial de haber aplicado un sistema en el que el usuario se beneficia directamente de la deducción fiscal, mientras que el proveedor solicita directamente a la autoridad fiscal el reembolso del 50 % restante.