La Comisión Europea identificó servicios personales y domésticos (PHS) como sector económico estratégico en 1993. Los define como una “amplia gama de actividades que contribuyen al bienestar en el hogar de familias e individuos: cuidado de niños, cuidado a largo plazo de ancianos y de personas con discapacidades, limpieza, clases de refuerzo, reparaciones del hogar, jardinería, apoyo en tecnologías de la información y la comunicación, etc.”. Además, la Comisión Europea señaló que los servicios personales y domésticos contribuyen a “aumentar la competitividad y a ofrecer importantes fuentes de crecimiento y de empleo, así como a abordar necesidades económicas y sociales” (Comisión Europea, 2012).

A pesar de haber una creciente demanda vinculada a los retos demográficos y socioeconómicos, el desarrollo de los servicios personales y domésticos se enfrenta a numerosas trabas tanto en la demanda (p. ej. el alto coste de esos servicios o las barreras culturales que impiden la externalización de trabajo doméstico) como en la oferta (p. ej. la falta de una oferta estructurada de servicios y de planes de garantía de calidad y la escasez de mano de obra). Por lo tanto, como las reglas del mercado tradicional no son suficientes para garantizar el desarrollo formal de los PHS, el sector “queda a expensas del mercado de empleo no declarado o de los fondos públicos, lo cual resulta caro” (Comisión Europea, 1993).

Con los años, varios países europeos han adoptado medidas que fomentan la prestación formal de dichos servicios. Dada la actual crisis económica y financiera, se critica su coste y algunas de ellas recientemente se han cuestionado y modificado a pesar de sus efectos sociales positivos. El coste presupuestario de medidas que fomentan los PHS parece ser el mayor escollo para la continuación de estas políticas y la adopción de nuevas medidas. No obstante, las autoridades públicas no conocen lo suficiente ni el gasto que apoya los PHS ni los efectos de rendimiento positivos de esas medidas. Su visión se limita a evaluar el coste total, pero no se tienen en cuenta los efectos de rendimiento directos (disminución de los subsidios, nuevos ingresos por impuestos sobre la renta y la contribución social, etc.) e indirectos (nuevos ingresos por impuestos sobre la renta de empresas, creación de empleo a través de la contratación de personal de apoyo, nuevo consumo, etc.) y numerosos factores externos sociales positivos (p. ej. mejor inclusión social, aumento de la conciliación trabajo-vida, etc.).

En su documento de trabajo de personal de 2012 sobre los servicios personales y domésticos, la Comisión Europea no solo subrayó la necesidad de una reflexión conjunta acerca de las dificultades de implementar políticas de PHS, sino que también destacó la necesidad de una evaluación del coste-beneficio. En efecto, existen numerosas medidas distintas que pueden apoyar los PHS y pueden cumplir varios objetivos de políticas públicas. La mayoría de las veces no están agrupadas en un marco único y coherente y suelen aplicarse por separado año tras año, lo que dificulta aún más al Estado tener una visión general amplia y completa. Esto causa dificultades a la hora de evaluar los efectos de rendimiento de las medidas de apoyo, lo que complica más la recopilación de datos, en especial porque normalmente son distintas la autoridad pública que invierte en servicios personales y domésticos y la autoridad que recibe los beneficios.

Por eso se inició el proyecto IMPact con el objetivo de crear una guía de la UE común y completa que ayudaría a los Estados miembros a diseñar medidas de PHS y mejorar la evaluación y monitorización de sus efectos macroeconómicos. El objetivo a más largo plazo es ayudarles a conformar las políticas que mejor se adaptan a sus necesidades y objetivos. El proyecto, lanzado en octubre de 2014 y dirigido por la European Federation for Services to Individuals (EFSI, una organización de toda la UE) duró 18 meses y reunió a los siguientes socios:

• Censis (Italia)
• IDEA Consult (Bélgica)
• Oxford Research (Suecia)
• Research Institute for Labour and Social Affairs (RILSA, República Checa)
• Panteia B.V. (Países Bajos)
• Pour la Solidarité (organización de la UE)
• Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA, España)